Un fallo de la Cámara Federal de San Martín revocó otro de primera instancia y ordenó a la concesionaria AYSA a que facture el consumo de agua de manera particular por cada inmueble en un barrio privado de Pilar, y no de manera general como lo hacía hasta ahora.
Los jueces Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán aceptaron la presentación del barrio El Portillo, ubicado en Manuel Alberti.
En primera instancia, el juzgado federal de Campana había denegado una medida cautelar, señalando que "no se apreciaba la existencia de un perjuicio provocado por un accionar arbitrario o ilegal de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. que no pudiera repararse con el dictado de una sentencia definitiva".

La administración del barrio privado, donde viven 66 familias, apeló el fallo al indicar que era evidente "el perjuicio patrimonial y social" para los residentes, al manifestar que el servicio se "debía liquidar en las expensas conforme a los porcentuales dominiales de cada propiedad", sin importar el consumo individual de casa hogar.
Los abogados del barrio, representados por el estudio López Canfora-López Melnyk, argumentaron que esto obligaba a los vecinos a abonar por consumos que no habían realizado e incluso pagar por aquellos que estaban en mora.
El consorcio cuestionó también la decisión de AYSA de abandonar el mantenimiento de las redes hasta cada medidor individual. Esta tarea había estado a cargo de la empresa Sudamericana de Aguas hasta 2018, cuando el servicio fue transferido a AYSA. "Desde aquel entonces y hasta mayo de 2023, la prestación del servicio no sufrió variación alguna. Las facturas comenzaron a ser emitidas por la Municipalidad de Pilar de forma individual a cada propietario, y el mantenimiento de la red era gestionado por AYSA", explicaron los abogados de El Portillo al portal Infobae.

La empresa, en tanto, adujo que "ninguna unidad funcional del barrio se abastecía de manera independiente desde la red de AYSA, no existiendo la posibilidad de medir el consumo individual de cada lote desde la vía pública, ni pudiendo intervenir de ninguna manera dentro del barrio sin violar su propia norma federal".

La Cámara de San Martín, no obstante, falló a favor del barrio y suspendió el mecanismo de facturación global.
"En cuanto al peligro en la demora invocado, no puede dejarse de lado que, de realizarse la facturación global, se debe proceder al prorrateo del pago entre los copropietarios sin tener en cuenta el consumo efectivo, de modo que dicho pago generalizado no podría en una futura sentencia otorgar una efectiva reparación a aquellos vecinos que hubiesen pagado un excedente que no consumieron", opinaron los jueces al citar un fallo de la Corte Suprema.

El fallo de la Cámara puede impactar en decenas de urbanizaciones que afrontan situaciones similares y que en primera instancia habían recibido rechazos a sus planteos ante el Juzgado Federal.
"Tomando en cuenta el antecedente del barrio Sausalito, la Secretaría de Obras Públicas dictó en diciembre de 2023 la resolución 641/2023, donde se aceptó, entre otras cosas, la posibilidad de que los consorcios adscriptos a la propiedad horizontal o análogos pudieran determinar mantener la facturación individual y transmitirle a la empresa concesionaria tal voluntad. Pese a ello, al día de la fecha, AYSA continúa facturando globalmente a los consorcios, debiendo estos recurrir a la Justicia para proteger sus patrimonios y evitar ser un órgano de recaudación de la empresa", explicó el abogado Rodrigo López Canfora.