La Justicia llamó a declaración indagatoria a una concejal del oficialismo y a dos funcionarios comunales, en el marco de la causa que investiga si se cumplieron todos los pasos legales para la radicación de dos termoeléctricas en Pilar.

Se trata de las plantas APR y Araucaria Energy, frenadas por el Juzgado de Zárate – Campana, a cargo de Adrián González Charvay, a raíz de una cautelar solicitada por vecinos.

Ellos aducen que las plantas serían dañinas para el medio ambiente, por lo que piden que sean radicadas en otros sectores, alejados de zonas residenciales. Las empresas, en tanto, rechazan de plano que las turbinas sean perjudiciales y ya han apelado a la Cámara de San Martín el cese de las obras que dictaminó Charvay.

Al mismo tiempo, de oficio, la Justicia emprendió una investigación para saber qué pasos se dieron para terminar en el cambio de zonificación que le permitió a ambas plantas empezar a erigirse en Villa Rosa, en el límite con Matheu, Escobar. Incluso, se llevaron a cabo allanamientos en búsqueda de información en el Municipio y el Concejo Deliberante, a fines del año pasado.

Ahora, la edil Claudia Zakhem, de Cambiemos, y los directores de Planeamiento y Catastro de la Comuna deberán comparecer ante la Justicia para dar esas explicaciones, Liliana Berardozzi y Guillermo Tosto respectivamente.

El Jefe de Gabinete de la Comuna, Juan Pablo Martignone, explicó que la indagatoria forma parte del proceso judicial “normal” en el marco de la causa, y aseguró que las plantas cumplimentaron con toda la normativa necesaria.

“No hay nada que ocultar; lo único que hay que hacer es explicarle a la Justicia cuáles fueron los pasos que se dieron desde el Municipio para la aprobación (del cambio de zonificación), y lo mismo ocurrirá con organismo provinciales y nacionales. Nosotros sostenemos que el proceso de habilitación se ajustó a la ley, absolutamente”, expuso Martignone en diálogo con el programa radial Agenda Propia FM.

En cuanto a la contaminación que denuncian los vecinos generarían las usinas, como las emanaciones tóxicas del gasoil que quemarán los motores (aunque las empresas aseguran que funcionarán el 95% del tiempo a gas natural), o el uso intensivo del agua, Martignone lo descartó de plano, aunque sí admitió que podría haber problemas con los ruidos molestos, pero es algo que se subsanaría en el caso de que finalmente las plantas comiencen a funcionar en el lugar actual, con la instalación de paneles insonorizantes.

“Los informes de impacto ambiental que tenemos son los que han hechos consultoras contratadas por las empresas. Pero esos informes son analizados también por el OPDS y en ellos nos basamos tanto la Provincia como el Municipio para avanzar con las obras. No me sorprendería que el Juez solicite informes adicionales, pero se trata de usinas estándar que se usan en muchas ciudades del mundo”, explicó.

“Son usinas de pico, es decir que se prenden solo algún día de la semana, cuando la red está necesitando de más inyección de energía. Y son centrales cuya tecnología está muy probada, son estándar en esta industria, por lo que está bien especificado cuál es el uso de agua, emisiones y ruido. Y para los organismos es muy simple constatarlo. Lo que sí muestra la experiencia con este tipo de máquinas, es que no hay impactos en emanaciones, pero sí con el ruido, y en eso hemos hecho mucho foco, con mediciones. Hay que mirarlo con cuidado al tema de los ruidos. Pero en relación al resto, es una tecnología muy probada en entornos de mucha densidad urbana sin inconvenientes, lo que a priori nos deja tranquilos. Y por eso vimos con buenos ojos que el Juez se meta en este tema y pida todos los informes, y si finalmente se llega a la conclusión de que hay que relocalizar, habrá que hacerlo, pero las tramitaciones se ajustaron a la ley”, finalizó.