El organismo presentó su informe anual donde resaltan las atenciones y asesoramiento por rubros que prestaron durante el 2021. Del total de casos recibidos en servicios públicos, el 69% estuvieron relacionados con la empresa de energía.

Apuntan a detectar casos de maltrato en sistemas educativos, clubes y asociaciones civiles. La propuesta, del Defensor del Pueblo bonaerense, se da luego del brutal asesinato de un niño en La Pampa.

El organismo advirtió sobre engaños sobre todo por medio de perfiles falsos en redes sociales. Guía de recomendaciones para evitar malos momentos.

Se multiplica la modalidad de ciberdelito, que busca hacerse de datos bancarios u otra información sensible. Los engaños también se realizan mediante llamadas telefónicas.

La firma expuso que continuará atendiendo de modo virtual, por lo que se han extendido los trámites digitales. La Defensoría del Pueblo y la Cámara de Comercio habían reclamado que siga funcionando.

Se trata del Consumo no Registrado, que la prestataria podía incluir sin aviso al cliente, lo que disparaba los montos a pagar. Se aplicaba cuando se detectaban diferencias en la energía utilizada entre períodos.

La medida también alcanza a EDESUR, e implica una multa de 55 millones de pesos, por no darle respuesta a casi 7 mil reclamos de clientes de ambas prestatarias. En Pilar, el cobro de "recupero de energía" se había traducido en boletas de hasta 220 mil pesos.

El ENRE estableció la medida tras cientos de quejas por boletas con valores altísimos que llegaban a vecinos, muchos de ellos de Pilar, donde incluso intervino la Defensoría del Pueblo.

El ombudsman local elevó resoluciones al Entre Regulador y a la empresa AySA, para que se normalice el suministro. Desde hace semanas hay quejas por falta de fluido o baja presión.

Los cargos se deben a "recupero de energía" al detectar la empresa inconsistencias en los consumos del usuario, y a lecturas "estimativas" y no reales de los medidores. La Defensoría del Pueblo pide a los vecinos que hagan el reclamo ante el organismo.

Desde el organismo local señalan que hay una “creciente demanda ante conflictos” de personas que deben afrontar problemas con los alquileres.