La Organización No Gubernamental “Techo” denunció que la policía y la justicia protagonizaron un intento de desalojo de familias de un terreno, procedimiento que advirtieron se llevó adelante de manera “violenta e ilegal”, según aseguraron.
Todo sucedió el jueves de la semana pasada en un predio de la localidad de Manzone en el que, afirman, hace más de 20 años están instaladas entre 6 y 7 familias.
El terreno, ubicado sobre las calles 20 de junio y 25 de mayo, está judicializado, contaba con una orden de desalojo, pero la misma había quedado suspendida en la madrugada del mismo día en el que el procedimiento comenzó a llevarse adelante.
Según relató a Pilar de Todos, Francisco del Pino, Director General de TECHO en la Sede Norte del Gran Buenos Aires, cerca de las 8.30 de la mañana del jueves, la policía llegó con patrulleros, una abogada de la parte demandante entre otros funcionarios judiciales, para irrumpir en el terreno.
Tras romper el candado de una casa que estaba en construcción y en ese momento deshabitada, y luego de “reclutar a jóvenes de un centro de rehabilitación”, tal como relató Del Pino, procedieron a romper con mazas las paredes que se habían levantado.
“La policía no tenía una orden, y rompió una vivienda en la que no estaba la familia. Era una casa de material que la estaban construyendo hace dos años y acababan de terminar de pagar un crédito”, relató Del Pino.
El integrante de Techo agregó que “la policía tuvo un accionar que fue sumamente violento, con actitud provocativa y de humillación durante todo el tiempo, para con todas las familias que allí se encontraban”.
Del Pino insistió en que desde el Registro Nacional de Barrios Populares, les informaron “que el desalojo se había suspendido” al tiempo que agregó que además ya está en vigencia la Ley de Integración Urbana y Regularización Dominial de los Barrios Populares.
La misma fue aprobada el pasado 10 de octubre en el Senado de la Nación y con ella quedan suspendidos por 4 años los desalojos de barrios populares y planea a futuro la regularización dominial de las viviendas que se encuentren en ellos.
“Esa ley se logró después de mucho trabajo de las organizaciones sociales y los vecinos y vecinas de los asentamientos”, agregó Techo en un comunicado en el que expreso la preocupación por lo sucedido en Manzone.
En el texto, también exigieron al municipio de Pilar y al gobierno provincial “que puedan brindar una solución urgente y que se garanticen los derechos que están siendo vulnerados en este momento”.
Los afectados, en tanto, que viven en otro sitio y pensaban mudarse una vez terminada la vivienda, solo pudieron retornar para cambiar el candado de la puerta de ingreso al lugar en el que en los dos últimos años levantaron las paredes de una casa que ahora fue reducida a escombros.
Desde Techo, en tanto, adelantaron que se iniciarán acciones legales contra los involucrados en el desalojo.