Miércoles, 23 Junio 2021 21:06

El exintendente Nicolás Ducoté declaró ante la Justicia

El exmandatario y otra veintena de funcionarios están siendo investigados por presuntos hechos de corrupción, como el pago de obra pública que no se ejecutó y la entrega fraudulenta de microcréditos.

Finalmente el exintendente Nicolás Ducoté fue indagado por la Justicia Federal de Zárate  - Campana, en el marco de tres causas que se le siguen por presuntos hechos de corrupción.

 

El exmandatario tenía fecha original para el 15 de junio, pero finalmente, tras un pedido de postergación y la suspensión de un viaje a España, Ducoté declaró en la jornada vía Zoom, audiencia que se inició a las 12:30 y se extendió por aproximadamente una hora y media.

 

El Juez Adrián González Charvay investiga si hubo sobreprecios y pago de obras que no se ejecutaron en el barrio Peruzzotti, como el caso de una planta cloacal, y en Monterrey, en ambos casos por medio de convenio de mejoras llevadas a cabo en Pilar en 2017, 2018 y 2019 por parte del gobierno nacional.

 

Además, también se puso la lupa sobre el presunto otorgamiento de microcréditos de manera fraudulenta, dineros destinados originalmente a personas de bajos recursos para conectar sus viviendas a servicios como agua o gas, o realizar mejoras edilicias.

 

Una de las preguntas del Juez, según pudo saber Pilar de Todos, tuvo que ver en efecto con el procedimiento de entrega de los microcréditos, y por qué estos se habrían entregado, en su mayoría, en cercanías al proceso electoral.

 

Según un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo judicial que analizó los tres expedientes, se puede señalar que hubo un “accionar tendiente a apropiarse indebidamente de los recursos del estado en forma sistemática” (…) lo que “permite sostener la idea de un plan puesto en marcha a los fines que se viene sosteniendo, es decir generar beneficios indebidamente a terceros en perjuicio de los fondos administrados”.

 

En la causa ya fueron indagados Federico Leondhart (expresidente de la empresa mixta SAPEM, por donde se gestionaban los microcréditos); Guillermo Iglesias (extitular de Obras Públicas); y el empresario Sergio Russo, propietario de la firma Tordel, una de las contratadas para ejecutar obras en Peruzzotti.

 

 

Las causas

Los hechos que investiga la Justicia, y por los que no solo se indaga a Ducoté sino a una veintena de exfuncionarios, entre locales y nacionales, son tres.

 

Uno tiene que ver con la entrega de microcréditos destinados a familias carenciadas, dineros que se usaban para refacciones en viviendas y debían ser devueltos en 60 cuotas.

 

Mientras que los otros dos expedientes buscan determinar si hubo irregularidades en el pago de obra pública que no se ejecutó, como el caso de una planta cloacal en Peruzzotti, o una serie de mejoras que se encararon, por 120 millones de pesos, en el barrio Monterrey, de Derqui.

 

Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, emitió 3 dictámenes donde, como conclusión, establece que existió un “accionar tendiente a apropiarse indebidamente de los recursos del estado en forma sistemática, llevada a cabo en tres acuerdos idénticos y prácticamente en forma coetánea” lo que, siempre según la PIA, “permite sostener la idea de un plan puesto en marcha a los fines que se viene sosteniendo, es decir generar beneficios indebidamente a terceros en perjuicio de los fondos administrados”.

 

En el caso de los microcréditos, la PIA dictaminó que la entrega de esos dineros, que abarcaron a unos 20 mil beneficiarios, se hicieron sin los controles correspondientes y sin toda la documentación respaldatoria.

 

Para el Frente de Todos, desde donde partieron las denuncias en su momento, los fondos eran destinados de manera discrecional y perseguían el objeto de buscar un rédito político y electoral por parte del gobierno de Cambiemos.

 

La otra causa es la que busca determinar si hubo hechos de corrupción en la ejecución de obras en el barrio Monterrey, de Derqui, por un monto original de 145 millones de pesos, que luego quedó en 120 millones.

 

El plan buscaba renovar calles, luminarias, construir plazas y redes de agua potable y cloacas.

 

Allí, las obras no se habrían ejecutado en tiempo y forma, pese a que los pagos sí se emitieron.

 

En tercer lugar, la Justicia investiga el pago por una planta cloacal modular para el barrio Peruzzotti. Al conocer el proyecto, los vecinos del barrio se opusieron a la obra, por cuestiones ambientales, y las labores fueron modificadas.

Sin embargo, según se desprende de los expedientes y la denuncia del Frente de Todos, la Comuna habría pagado por la compra de esa planta pero también por su instalación final (pese a que no se terminó de conectar) poco más de 14 millones de pesos.

 

“Nada de lo relativo a la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires, fue construido pero sí certificado y cobrado por la empresa adjudicataria”, concluyó la PIA.

 

Es más, para el Procurador “se han verificado innumerable cantidad de irregularidades, que no tienen su razón en la torpeza, error o ignorancia de lo debido, sino en la clara voluntad de poder llevar a delante la maniobra que permitiría alzarse con elevadas sumas de dinero», reza el documento, que añade que los tres expedientes «conservan el mismo patrón, no solo de personas involucradas, sino en la desviación de recursos a favor de terceros y en perjuicio de la administración nacional que es la que efectuó los aportes”.

 

 

 

 

 

 

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