En un operativo sin precedentes en la zona norte del conurbano, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal dedicada a la trata laboral, explotando a trabajadores en condiciones inhumanas en obras de construcción de lujo.
La investigación, encabezada por el Ministerio de Seguridad y coordinada con el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, derivó en 13 allanamientos simultáneos en Tigre, Ramos Mejía, Escobar y otras localidades, dejando un saldo de cuatro detenidos clave: un empresario, un contratista y un arquitecto, entre otros.
El caso se originó en junio pasado tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las autoridades identificaron una red que captaba ciudadanos del norte del país, prometiéndoles trabajo, pero que en realidad los sometía a jornadas laborales extenuantes de hasta 16 horas diarias.
Las víctimas, un total de 22 personas de ambos sexos, vivían en condiciones infrahumanas, hacinadas, sin acceso a comida adecuada, ventilación ni higiene básica, y bajo constantes amenazas.
El operativo y los hallazgos
El Juzgado Federal de San Isidro, liderado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, autorizó una serie de allanamientos que involucraron la colaboración de la División Unidad Operativa Federal de la PFA, el Programa de Rescate del Ministerio de Justicia y otros organismos. En los procedimientos, se encontraron pruebas clave:
• Armas y municiones: Tres pistolas, un revólver calibre .38 y cajas de municiones.
• Dinero: Más de 28 millones de pesos argentinos, dólares, euros y otras monedas extranjeras.
• Documentación: Planos de obra, recibos de pago, registros laborales y elementos relacionados con la obra Delta Center, uno de los proyectos en el centro de la investigación.
• Vehículos: Cuatro automóviles, incluidos modelos de alta gama.
Las víctimas
Los 22 trabajadores rescatados fueron trasladados y asistidos por el Programa de Rescate del Ministerio de Justicia, que les brindó contención psicológica y orientación para regularizar su situación laboral y legal. Según el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, las víctimas no contaban con ningún tipo de seguro ni protección social.
De acuerdo a los investigadores, la organización operaba con un alto nivel de coordinación.
Utilizaba empresas y documentos legales aparentemente regulares para encubrir sus actividades. La investigación también reveló nexos con otras obras de construcción en el área metropolitana y contratos que involucraban grandes sumas de dinero. (N/A).
