Concluyeron los alegatos en el juicio contra los responsables del centro de rehabilitación Resiliencia San Fernando, ubicado en Pilar, donde un incendio en febrero de 2022 causó la muerte de cuatro personas que se encontraban encerradas bajo llave, dormidas y fuertemente sedados.

Las víctimas, personas con problemas de adicción, no tuvieron oportunidad de escapar de las llamas. La Fiscalía solicitó condenas de hasta 30 años de prisión, mientras que los abogados de las familias damnificadas exigieron penas de 35 años para algunos de los acusados.

Pablo Galfré, periodista y representante de la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) de la Asociación para la Reducción de Daños de Argentina (ARDA) y querellante en el caso, expresó la importancia de dar visibilidad a estos hechos para evitar que se repitan en otras instituciones. “La difusión de la noticia es necesaria para que se replique y les llegue a otros que secuestran y torturan a consumidores problemáticos de drogas. Y no lo hagan nunca más”, señaló Galfré.

Los fallecidos fueron identificados como Nicolás Bisbal, José Castaño, Rodrigo Moreno y Nicolás Ortiz, todos internados en el lugar, de entre 25 y 45 años.

Una de las víctimas inició el fuego que generó la tragedia, al encender un colchón.

La mirada de los investigadores, no obstante, siempre estuvo puesta en la nula presencia de mecanismos de lucha contra el fuego, que varias puertas y ventanas estaban cerradas y no había salidas de emergencia y, además, que los pacientes habrían estado sobremedicados lo que impidió que puedan escapar.

Tras inspecciones en el lugar de la Comisión Provincial para la Memoria (CPM) se determinó que «el edificio no poseía ningún matafuego, ni plan de contingencia en casos de emergencia, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por los mismos usuarios».

«Las víctimas, sobremedicados por el coctel y cantidades de psicofármacos que les suministraban, ni siquiera tuvieron la posibilidad de reaccionar ante siniestro», expresaron desde la CPM.

Otras 22 personas internadas en la comunidad sobrevivieron, aunque algunas de ellas quedaron con secuelas emotivas y psíquicas que agravaron su condición de salud mental.

Los acusados son quienes se desempeñaban en el lugar, desde el director hasta psicólogos y psiquiatras, imputados por los delitos de Homicidio simple, reducción a la servidumbre, y estafas reiteradas.

Quienes fueron sometidos al proceso judicial para determinar el grado de responsabilidad en los hechos son Alan Emmanuel Cambra Sarife, Eliana Marlin Wawrik, Alejandro Merenzón, Andrés Samsolo, Alejandra Flavia General y Alejandra Machado.

Cambra Sarife era el director de la comunidad, Wawrik se desempeñaba como vicedirectora de la Fundación San Fernando, Merenzón sería el director del lugar, mientras que General y Samsolo eran la psicóloga y psiquiatra del lugar.

Galfré expresó que la UIP adhiere a las penas solicitadas por la Fiscalía, pero su objetivo va más allá de la condena individual. “Nosotros desde ARDA, desde la UIP, no estamos buscando solo que las personas sean penalizadas y vayan a la cárcel. No tiene ningún sentido que vayan a la cárcel y el resto de las comunidades sigan abiertas, el resto de los centros clandestinos de detención sigan abiertos y sigan torturando a los usuarios de drogas, a los usuarios del sistema", subrayó en diálogo con Agenda Propia (105.9).

Agregó que, más que penas largas, lo urgente es un cambio de sistema en el que el Estado implemente medidas para inspeccionar estos centros y aplique protocolos que la UIP viene desarrollando para investigar violaciones a los derechos humanos y muertes sospechosas en instituciones de salud mental.

El caso tiene otro antecedente trágico. En noviembre de 2021, Ezequiel Ibarra, una persona con epilepsia que residía en la comunidad sin problemas de consumo, murió ahogado en la piscina del centro, tras sufrir un ataque epiléptico y quedar sin supervisión durante 12 horas. A pesar de este incidente, el centro no fue clausurado, lo que, según Galfré, evidencia una falla del sistema judicial y estatal.

“Había un Estado que sabía que una persona había muerto en un lugar clandestino y no fue clausurado. Lamentablemente, se tuvo que lamentar un segundo incidente que costó la vida de cuatro personas más en el incendio”, expresó.

La expectativa ahora se centra en el fallo de la Justicia, que se dará a conocer el próximo 29 de noviembre a las 14:00.

Galfré espera que el mensaje trascienda el resultado del juicio. "Espero que el mensaje llegue, sea cual sea la pena. Que el mensaje le llegue al Estado, que el mensaje le llegue también a otras comunidades, habilitadas y no habilitadas, porque hay un montón de otras comunidades que aplican el programa Minnesota, como lo hacía este lugar, un programa que básicamente es encerrar a los usuarios de drogas en contra de su voluntad y torturarlos”, concluyó.