Empleados del Municipio denunciaron que durante la gestión del exintendente Nicolás Ducoté eran obligados a prestar servicio con fines privados, labores que presuntamente eran abonadas con dineros públicos.
Según una denuncia radicada la semana pasada ante la Fiscalía Especial de San Isidro, el gobierno del intendente Federico Achával presentó 3 casos, aunque habría más.
En el escrito, al que tuvo acceso Pilar de Todos, los trabajadores, que se desempeñan en el COM, aseguraron que realizaban tareas particulares a favor de los funcionarios Miguel Ávalos, Analía Leiva, y, aunque sin nombramiento en la Comuna, para Jorge Leonhardt, supuestamente vinculado a la secretaría de Seguridad.
Lo llamativo es que una de esas denuncias, la de un hombre de apellido R (se reservan las identidades de los denunciantes) ya había sido presentada el 10 de julio de 2017.
Choferes para trasladar a jóvenes a escuelas o boliches, hacer compras en supermercados, realizar labores de construcción en casas privadas, e incluso acompañar a la familia de uno de los acusados, Leonhardt, a Punta del Este, para también hacer labores de chofer y de niñera, son algunas de las insólitas tareas que les hacían realizar.
Esas labores, según denunciaron, eran pagadas por medio del agregado de horas extras o vacaciones, es decir con fondos públicos.
Pero además, uno de los denunciantes manifestó que encontró irregularidades en el uso del combustible del Estado, que era destinado supuestamente a autos particulares, y también mencionó que algunos de los implicados le alquilaban autos a la propia Comuna, mediante el uso de terceros.
Ante el cambio de autoridades, los empleados comenzaron a relatar cierto tipo de irregularidades, algunas que tenían que ver con supuestos maltratos y abusos. Pero si bien determinadas cuestiones quedaban en el marco de lo administrativo, los nuevos responsables del COM detectaron que otras situaciones rayaban con lo ilegal, por lo que esos casos eran enviados al Departamento de Legal y Técnica del Municipio.
Allí, la Comuna decidió ir a la Justicia, donde se encontró con la sorpresa de que uno de los casos ya había sido presentado en 2017, el de R.
En esa denuncia original, el hombre, quien se desempeña como chofer del COM, aseguró que era usado por Leonhardt y Ávalos para cuestiones privadas.
Allí, R explica que primero fue “militante político para la campaña de Nicolás Ducoté”, desde 2014, y que una vez asumido Ducoté lo destinaron “en principio como chofer del SAP”. “Luego me trasladaron para ser chofer, custodia, obrero de las familias Leonhardt y Ávalos”, contó a la Justicia.
R relató que además hacía de chofer de Leonhardt y una de las tareas era llevar dinero desde Pilar hacia la Capital Federal (a unas oficinas de Leonhardt) a pedido de este último, durante unos 4 o 5 meses.
“En diciembre de 2016 me llevaron a Punta del Este, junto a una oficial de la Policía Local, en un vehículo marca Ford Fiesta. Fuimos a Punta del Este con la finalidad de trabajar como chofer y custodia de las hijas de Leonhardt (…). Tenía que acompañarlos a fiestas o lugares”, relató R. De la denuncia se desprende que la mujer de la Policía Local se quedaba como “niñera, cocinera y empleada doméstica”.
Siempre según la denuncia, R les reclamó a Ávalos y Leonhardt que “el trabajo que le asignaban no tenía que ver con el Municipio”. “Si me gustaba bien, sino que me vaya. Que las cosas eran así, que la plata no tenía que salir de su bolsillo sino del gobierno, que ahora ellos eran el poder”, asegura R que le respondió Ávalos tras el reclamo, quien luego del pedido fue destinado al depósito Municipal. El dinero que percibía por esas labores especiales, según la denuncia, era cobrado “por cajero automático, el dinero era del Municipio”.
R también asegura que una de sus labores, cuando aún estaba en el COM, era “hacer inteligencia en móviles municipales, a investigar familiares de políticos”.
“Todo saltó cuando volvimos de Punta del Este. Trabajé como 200 horas adicionales, a la oficial le dieron plata más las horas adicionales y de servicio. Figuraba como de vacaciones, le pagaron doble. A mí no, me dieron ‘chauchas’. Ahí le pregunté por qué a mí no me pagaron extra, me dijeron que me pagaba el gobierno, nada más. Nunca me tomé vacaciones, la firma no es mía en la planilla”, añade R, quien asegura que pasó a Punta del Este el 26 de diciembre de 2016 y volvió el 17 de enero de 2017, y estuvo en un edificio llamado “Quartier del Mar”, en la parada 10 de Playa Brava, aunque pernoctaba en una pensión.
R también denunció irregularidades con el alquiler de autos a la Comuna, presuntamente vinculados a Leonhardt. “Apenas asumió Nico compramos un Toyota Corolla y un Ford Fiesta negro. Lo compró Leonhardt para sí mismo y se lo alquila al Municipio. Lo pone como titular a la empleada doméstica de Leonhardt (cuyo nombre se reserva), que es pariente de Miguel Ávalos. (…) Yo había sacado fotocopia de todo y cuando me apretaron se las di a Ávalos”, agregó R. quien manifestó que por cada auto los involucrados cobraban sumas que oscilaban entre los 35 mil y 40mil pesos, y avisó de la situación al intendente Ducoté, pero como respuesta fue trasladado al depósito comunal.
En la presentación judicial de 2017, R también hace referencia a que Ávalos y Leiva también tendrían, al menos en aquel momento, autos alquilados a la Comuna, dos Volkswagen Gol.
F y A son otros dos empleados que también denuncian presuntas irregularidades, en una causa en donde la subsecretaría de Legal y Técnica de la Comuna pide que se investigue la posible existencia de una “asociación ilícita”.
F señala que su función era “ser chofer de la esposa de Ávalos, Analía Leiva, nueva tarea que pasó a ser de dedicación exclusiva y full time, debiendo estar disponible las 24 horas del día para cualquier necesidad que el nombrado o su esposa tuvieran”. “Lo que incluía traslado al trabajo, de sus hijos al colegio o ir de compras”, sostiene F, tareas para los que utilizaba dos vehículos propiedad de Ávalos y su esposa, pero que “eran cargados con combustible proporcionado por la Municipalidad, circunstancia que obviamente me consta toda vez que para ello se empleaban tarjetas de YPF en ruta que correspondían a los móviles del SAP o la Guardia Urbana”. Este empleado también asegura que era su labor el “mantenimiento de fincas privadas que eran alquiladas por Ávalos para personas de su entorno”.
“Circunstancia que me permitió, por ejemplo, ir a comprar materiales de construcción a proveedores municipales, con cargo al Municipio de Pilar, para utilizarlas en las propiedades de Ávalos”, aseguró.
En cuanto a la declaración de otro empleado, cuyo apellido comienza con A, este señala que cumple tareas en el taller mecánico de la Secretaría de Seguridad de Pilar, hace2 años, aunque es trabajador comunal desde hace 18 años.
“Soy testigo de los continuos desmanejos que se llevan a cabo en el taller (…). Una de las maniobras que llevaban a cabo (…) era no utilizar repuestos comprados para la reparación de los móviles de la Guardia Urbana, ya que eran revendidos y en su lugar los reemplazaban con repuestos usados extraídos de automóviles secuestrados en el depósito judicial. A eso se le suma desmanejo con el uso de combustible y lubricantes, que los empleaban para uso personal”, indicó A, quien agregó que los responsables del taller están vinculados a Ávalos y Leonhardt.
Desde Legal y Técnica, cuyo Subsecretario es Mariano Sosa Beláustegui, se sostiene en la denuncia que “las personas señaladas como presuntos autores de los delitos, todos funcionarios públicos, utilizaban y se servían de recursos humanos y materiales del Municipio en beneficio propio, y mediante la realización de tareas y maniobras absolutamente ajenas a las que debían realizar (…). Según surge de los relatos, todo ello era posible gracias a la participación activa y la colaboración de 3 o más personas, que con distintos elementos conseguían el fin perseguido. Queda claro además la existencia de perjuicio para la administración, y por sobre todas las cosas el perjuicio sufrido por los empleados municipales que eran sometidos a horarios y actividades absolutamente ajenas a su función, y obligados a vivir situaciones que nada tienen que ver con sus tareas normales y habituales”, cierra Beláustegui.
Fuentes de la Comuna indicaron a Pilar de Todos que estos tres primeros testimonios no serían los únicos, y que no solo se estarían encontrando irregularidades o presuntos delitos en Seguridad, sino también en otras dependencias, como Obras Públicas.
