Finalmente la Justicia condenó a tres años de prisión a un exempleado de una granja de rehabilitación de Pilar por la muerte de Saulo Rojas, ocurrida en el año 2013.

La pena recayó sobre Ángel «Pipi» Súñez, quien se desempeñaba como cuidador en la Fundación San Camilo y quien debía velar por la integridad del joven a quien había encerrado en una celda de castigo. Saulo, que además tenía problemas de salud, terminó suicidándose. 

Este lunes, y tras varias jornadas de juicio oral, Súñez fue condenado por el delito de homicidio culposo y deberá cumplir la pena además de haber quedado inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos o privados en cualquier tipo de institución donde se deba vigilar o cuidar a seres humanos.

Cabe destacar que desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental en 2010, esta es la primera vez en el país que un miembro de una comunidad terapéutica es condenado por el suicidio de un paciente.

En la sentencia, los jueces señalaron que en el lugar «operaron graves violaciones a los derechos humanos» y agregaron que, «con su accionar, Súñez era uno de los protagonistas que las llevaban adelante».

Además, los jueces avalaron el pedido de la Fiscal Paula Valeria Oyola para que se siga investigando posibles delitos de abuso sexual y torturas entre otros.

Tras el falló, Myriam Lucero, la mamá de Saulo expresó: «No es el punto final ni el cierre. Los principales responsables de la muerte de mi hijo y de tanto daño que se hizo todavía están libres. No voy a bajar los brazos. De las testimoniales salieron a la luz las tremendas situaciones que se vivían adentro. Esto continuará".

El caso

El condenado Súñez era empleado de seguridad de la Fundación San Camilo, donde Saulo estaba internado desde junio de 2012 y un año después se quitó la vida en una habitación llamada "el engomado", a donde se recluía a pacientes a modo de castigo, algo prohibido por la ley de Salud Mental sancionada en 2010.

En 2017, el establecimiento fue clausurado por el Ministerio de Salud bonaerense tras constatar "graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios".

Por la muerte de Rojas fueron también imputados Martín Iribarne, dueño de la Fundación, y Alejandro Jacinto, psicólogo y director terapéutico, quienes no tenían antecedentes penales y aceptaron una "probation".