Los comercios tuvieron un plazo de 90 días para adaptarse a este cambio, modificando sus sistemas de cobro.

Los establecimientos deberán “garantizar la libertad del consumidor respecto de la modalidad de entrega y la cuantía que voluntariamente éste defina”, dice el texto del decreto.

Serían incluidas en el total de las facturas a pagar, como ya ocurre en Brasil.

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