Pasadas las 17 horas de este miércoles y en el marco de una jornada nacional de lucha, diferentes organizaciones de mujeres volvieron a salir a la calle para exigir Justicia y basta de femicidios.
Tras la conmoción que causó el femicidio de Úrsula Bahillo, quien fue asesinada por su pareja, miembro de la Policía Bonaerense, Matías Martínez, hecho ocurrido en Rojas, la jornada tuvo marchas en diferentes puntos del país.
En Pilar, convocada por la Asamblea de Mujeres y otras organizaciones, la manifestación se desarrolló frente a la Fiscalía, edificio que fue fuertemente custodiado por agentes policiales.
Con pancartas y megáfonos, las asistentes hicieron escuchar sus reclamos con el eje puesto en la inacción de los organismos que deben intervenir ante los casos de denuncias de violencia de género.
En primera instancia, y acompañada por familiares de víctimas, tomó el micrófono Fernanda Ludueña, integrante de la Defensoría de Géneros e infancias, quien relató que «a nadie o a muy poca gente le importa lo que viven las mujeres en los juzgados y comisarías cuando denuncian a un violento».
Además, se quejó por la falta de condenas para «los tipos que violan, lastiman y lesionan a niñas de por vida».
«Cuántos años de cárcel deberían darle al que amenaza de muerte a una mujer y la caga a palos una, dos, cuatro, cinco o diez veces. Pero nadie hace nada. En este lugar esta lleno de mujeres que palpan y viven la injusticia en su piel y desearían que al menos le dieran un mes a un violento», » se lamentó Ludueña.
La convocatoria contó también con la presencia de los familiares de Nancy Montiel, una mujer que está presa desde septiembre del 2020, acusada de haber asesinado al violador de uno de sus hijos, hecho ocurrido en General Rodríguez.
«Nancy está detenida por una justicia machista patriarcal que nos encierra sin dudarlo», se quejó Ludueña, al tiempo que las hijas de la mujer pidieron que sea liberada.
A su turno, Natalia Espasa, desde Juntas y a la Izquierda leyó un duro documento redactado en el marco de la jornada nacional de lucha.
En su lectura enfatizó en que «los gobiernos y el Estado son responsables» de los femicidios, apuntó que el caso de Úrsula «confirmó la responsabilidad estatal ante la violencia machista» y remarcó que «la policía bonaerense es una institución plagada de agentes acusados de cometer este flagelo».
Además repudió la represión en la manifestación del pueblo de Rojas y vertió duras críticas a las responsables de los Ministerios de Mujeres tanto nacional como provincial, conducidos por Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz respectivamente.
«Ambas se dicen feministas pero sus gestiones están muy lejos de dar respuestas a los reclamos del movimiento de mujeres y disidencias. Mientras en la calles se reclama justicia para todas y se demanda trabajo, refugios y viviendas para paliar al menos la situación de las víctimas, el gobierno de Alberto Fernández crea un nuevo organismo de coordinación de ministerios para atender las consecuencias de los hechos consumados, pero no para prevenirlos», rechazó Espasa.
Por otra parte, reclamó que «en los hechos, no se destina presupuesto ni se garantizan políticas públicas elementales que impacten en las personas que sufren la violencia de género» y argumentó que «para lograr Ni Una Menos no alcanza con crear organismos, hay que elegir los jueces y fiscales por el voto popular, disolver el aparato represivo y destinar presupuesto para atender la violencia de género».
