El caso de Nano, el niño que vivió durante más de siete años en Pilar y fue obligado a regresar a España con su padre, vuelve a estar en el centro de la escena.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó formalmente una denuncia presentada por su madre y por él mismo contra el Estado argentino, cuestionando el fallo que ordenó su restitución internacional.
El reclamo fue elevado ante la CIDH luego de que la familia agotara todas las vías legales dentro del país. La denuncia se enfoca en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en septiembre de 2024 dispuso el regreso del menor a España, basándose en el Convenio de La Haya de 1980 y considerando que la permanencia de Nano en Argentina constituía una “retención ilícita”.
Sin embargo, según los denunciantes, el fallo no tuvo en cuenta el deseo expresado por el niño ni su arraigo en el país, donde vivía con su madre, rodeado de su familia y amigos desde hacía más de siete años.
Fuentes cercanas a la familia informaron a Resumen que la aceptación del caso por parte del organismo internacional representa un importante avance. “Solo alrededor del 10 % de las denuncias ingresadas ante la Comisión son admitidas, por eso esta noticia nos llena de esperanza”, señalaron.
El Estado argentino tiene ahora un plazo de tres meses para presentar su respuesta ante la Comisión. La acusación incluye posibles violaciones a los derechos del niño, entre ellos el derecho a ser escuchado, a mantener su identidad y vínculos afectivos, así como el derecho a una vida familiar libre de interferencias arbitrarias.
El proceso judicial que derivó en la restitución forzada de Nano comenzó en 2019, cuando el padre del menor apeló una decisión previa de la justicia española que había otorgado la custodia a la madre y autorizado su regreso a Argentina.
En 2018, la jueza del Juzgado N.º 22 de Madrid había avalado el traslado, y fue así como Nano se instaló en Pilar junto a su madre.
No obstante, a partir del reclamo del padre, se inició un extenso proceso judicial en territorio argentino. En una polémica decisión, la jueza Mariana Valentini —suspendida en 2022— intimó a la madre a presentar en apenas 15 días un pasaje para el viaje del niño a España.
El conflicto llegó hasta la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que en octubre de 2020 decidió suspender de forma provisoria la restitución hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.
En 2021, la Corte entrevistó a Nano, quien manifestó su voluntad de permanecer en Pilar. En 2023, el tribunal provincial finalmente rechazó la restitución, validando su deseo.
Sin embargo, la Corte Suprema nacional revirtió esa decisión en 2024, ordenando su regreso al país europeo.
El caso cobró visibilidad pública en octubre de 2020, cuando la madre denunció que, a pesar de tener la custodia legal y una vida consolidada en Argentina, la justicia pretendía enviarlo de nuevo a España.
Ella y su pareja se habían mudado allí en 2010, donde nació Nano en 2013. Sin poder ejercer su profesión de arquitecta en territorio español, Victoria optó por volver a Argentina en 2016. Desde entonces, madre e hijo vivían en Pilar.
Con la intervención de la CIDH, el caso da un giro internacional. La familia de Nano confía en que este nuevo camino pueda ofrecer una reparación y, sobre todo, poner en el centro del debate la voz y los derechos del niño.
