El Gobierno de Javier Milei dispuso habilitar a las prepagas y obras sociales a fijar libremente los precios de los coseguros, que actualmente eran estipulados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), mediante la Resolución 1926/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Los coseguros, un plus de dinero que el paciente abona a la hora de utilizar distintas prestaciones de la llamada “atención ambulatoria”, afecta a las obras sociales nacionales y algunos clientes de prepagas, sobre todo a los de planes más básicos.
La normativa determinó dejar “sin efecto los aranceles vigentes en concepto de coseguros establecidos para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y sus normas complementarias, que no se encontraren exentas conforme el marco normativo vigente; los que podrán ser fijados libremente por parte de las entidades”.
El documento destacó que la decisión está vinculada “con el objetivo de garantizar una mayor competitividad y transparencia en el Subsistema de Salud, asegurando al mismo tiempo que los usuarios conozcan claramente qué servicios pueden requerir un costo adicional”.
De esta manera, los Agentes del Seguro de Salud y las entidades de medicina prepaga “podrán fijar libremente los valores de los coseguros de las distintas prestaciones médicas comprendidas”, lo que “permitirá más y mejor oferta para los beneficiarios”, según precisó el Ejecutivo. En ese sentido, puntualizó que la nueva normativa no incide en el sistema público y aseguró que “estos cambios impulsan la libre competencia”.
Esta decisión, que no tiene vinculación directa con los llamados “bonos” o “copagos ilegales” que muchos profesionales de la salud e instituciones cobran, afectará a una población grande y en más de un tipo de prestación.
Esta nueva resolución afecta, por un lado, a unos 6 millones de afiliados a la medicina privada, que contrataron los planes más económicos con coseguros. Y por otro, impacta en unos 15 millones de personas con obras sociales nacionales que son las que están bajo el control de la Superintendencia.
La medida impacta en todas las prestaciones médicas menos las que ya estaban exceptuadas, que son las vinculadas a tratamientos oncológicos, discapacidad, plan materno infantil, y las previstas en las normativas para el tratamiento de Hepatitis, VIH y transmisibles, y de las comprendidas por el Sistema Nacional de Protección de Trasplantados.
Asimismo, la resolución dispone que los valores de los coseguros asociados a cada prestación médica deberán “ser debida y fehacientemente informados a los beneficiarios con 30 días de antelación y, además, serán publicados en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud”. (DIB)
