La diputada provincial Lucía Portos presentó un proyecto de ley por el medio del cual busca que se implemente un proceso “claro” que permita a las mujeres hacer uso de su derecho para la interrupción legal del embarazo (ILE).

Le ley prevé que en dos casos no es punible el aborto: cuando el embarazo representa un riesgo para la salud de la mujer, o cuando es producto de una violación.

“Al ser un derecho, es necesario regular el acceso para que ninguna mujer, niña o adolescente se vea impedida de acceder a su derecho”, señaló Portos.

El proyecto exige el armado de un protocolo completo de ILE en la Provincia de Buenos Aires, para garantizar el acceso correspondiente en los casos de no punibilidad, y generar una regularización clara y eficiente del mismo.

La legislación propuesta busca la Aprobación de una Guía Técnica para la Atención Integral de las Personas en Situación de ILE, eliminar requisitos ilegales ya que la interrupción de un embarazo en estos casos, no requiere de autorización judicial, ni denuncia penal, ni de ningún otro requisito más que los expresados en la presente norma.

Además establecer la “Primacía de la libre y autónoma voluntad femenina”, ya que la decisión de la mujer, en referencia a la práctica o no de la ILE, no debe ser sometida a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas, por parte de los profesionales de la salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad, expuso Portos.

También apunta al “Resguardo de la solicitante” en todo momento y se garantizar la confidencialidad preservando sus datos personales y familiares.

En el escrito Portos considera que es una obligación del sistema de salud “Informarle a las mujeres en situación correspondiente del derecho a la ILE” y que  si bien “la objeción de conciencia es un derecho del personal médico, sin embargo, es un compromiso informarla con antelación y es requerimiento de la institución garantizar el derecho a la ILE con otro profesional capacitado”.

El proyecto obliga a las autoridades de aplicación a “adoptar medidas para la capacitación con perspectiva de género y derechos humanos de los y las profesionales de la salud, policías, educadores/educadoras, miembros del poder judicial involucrados en el cumplimiento de la presente ley y personas que formen parte del sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

En el caso de incumplir la norma o realizar “maniobras dilatorias, suministrar información falsa, la reticencia para llevar a cabo la práctica de la ILE y la divulgación de información violando el deber de confidencialidad por arte de los profesionales de la salud, las autoridades hospitalarias y cualquier otra persona que tome conocimiento de la solicitud de interrupción del embarazo en su calidad de funcionaria pública de la Provincia, así como miembros del poder judicial o de las fuerzas de seguridad; constituyen violación del derecho de niñas, mujeres y adolescentes de acceder al aborto en los casos permitidos por ley y el ejercicio de violencia reproductiva y obstétrica y están sujetas a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente”.

Frente a dichas violaciones, el texto sostiene que “se debe asegurar la existencia de medidas de reparación adecuadas y la acción positiva del Estado Provincial para asegurar investigación, sanción y no repetición”.