En medio de una escalada de precios en las tarifas de prepagas de salud y obras sociales, estas últimas han vuelto a ser el foco de atención mediática por estas horas. Y, nuevamente, no por buenas razones. Es que, según denuncian distintos sectores de la salud, las obras sociales no realizarán los desembolsos correspondientes de los fondos para personas con discapacidad.
Desde las obras sociales, respondieron desviando la acusación hacia el Estado. Quien, según afirman, no ha realizado los pagos debidos a través de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS).
Como cabía esperar, las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. El Gobierno, aseguró que la Superintendencia ya regularizó los pagos atrasados y, además, desestimaron que hubiera ajustes.
Las dificultades que sufren las personas con discapacidad y los profesionales
Ante esta situación, la psicóloga especializada en discapacidad, Mercedes Posadas, explicó que los profesionales presentan las facturas correspondientes a las obras sociales a mes vencido ya que la SSS debe ser quien financie muchos de los tratamientos requeridos. El trámite suele ser lento y tarda entre 35 días y 2 meses.
En este sentido, Posadas advirtió que aún no han recibido los honorarios correspondientes al mes de junio. Según le habían informado, la demora se debía a que la Superintendencia de Seguros de Salud aún no había enviado los fondos necesarios. Más aún, la profesional aseguró que las demoras son frecuentes y que seguramente empeoren en los próximos meses.
En respuesta a la creciente problemática, el Colectivo de Discapacidad, el cual integran pacientes, profesionales y familiares, realizaron un acampe frente a Casa Rosada que duró 3 días (29, 30 y 31 de agosto). El reclamo giró en torno a lo que ellos creen que es un recorte al sector, ya que denuncian que las pensiones no contributivas que perciben pasaron de 16 mil a 23 mil pesos. Muy lejos de los niveles de inflación reales y, que no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas de medicamentos.
Según denuncian desde el Colectivo, la situación es crítica. Tanto pacientes como profesionales ven cómo el sector no recibe las atenciones suficientes por parte del Estado nacional. Las Provincias ni las Obras Sociales reconocen estar en condiciones financieras de poder hacer frente a la situación y buscan un mayor apoyo de la Superintendencia.
Desde el Gobierno, ya avisaron que los pagos se están realizando a tiempo y desmintieron categóricamente que exista un recorte sobre los discapacitados. Además, afirman que se está trabajando para realizar un “saneamiento” en el sistema y poder aliviar, de una vez por todas, la situación de este sector tan vulnerable.
