Por 34 votos a favor y 7 en contra, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes aprobó este mediodía la ordenanza fiscal y tarifaria para el año que viene.
El texto descongela el módulo fiscal por medio del cual se calcula la mayoría de las tasas y lo actualiza en un 35% a partir de enero. De ahí en adelante, irá acompañando, en partes iguales, a la inflación mayorista y a la suba de salarios de los empleados comunales.
Al mismo tiempo, no obstante, se le aplicó un tope del intermensual del 3,66% para evitar que suba más en el caso de que la inflación se mantenga alta.
Otro aspecto clave es la creación de dos tasas. Una COVID, destinada a financiar la lucha contra el coronavirus, que pagarán los vecinos alcanzados por la tasa de Servicios Generales, y oscilara entre los 80 y 400 pesos mensuales, dependiendo de la categoría de la vivienda.
El otro tributo nuevo es el de Desarrollo Productivo, que apunta a industrias y empresas, en donde los montos recaudados se destinarán a financiar obras de infraestructura y servicios.
En un debate que se extendió por más de 2 horas y que se desarrolló en el predio del ex Instituto Carlos Pellegrini, ediles del oficialismo defendieron la medida, y expusieron que se trata de una tarifaria progresiva que no perjudica al vecino de a pie.
Desde sectores de la oposición, en tanto, sostuvieron que la propuesta se basa en una mayor presión tributaria sobre los ciudadanos y empresas.
En cuanto a la tasa COVID, opositores manifestaron que se trata de una doble imposición y arancela el acceso a la salud, aspectos rechazados por el Frente de Todos.
"Tenemos que tener en claro de qué situación económica y social venimos. Una situación económica muy complicada que hay que poner sobre la mesa para establecer acuerdos mínimos. Las políticas económicas de 4 años de Cambiemos nos dejaron en un pozo muy importante y en ese marco venimos a reconocer derechos, a tener un estado presente. Y lo hubiésemos hecho con una pandemia, un terremoto, o lo que sea", expuso la concejal Lourdes Filguiera, titular de la bancada del Frente de Todos.
"Si hay algo que plantea esta ordenanza es acompañar al ciudadano de a pie, proteger al comercio local, impulsar las pymes, promover la inversión, y el trabajo de los jóvenes. Además, se condonan las tasas de Servicios Generales al comercio local y al ciudadano de a pie, y también la tasa de Publicidad y Propaganda. A su vez se baja la alícuota de la tasa de Patentes de autos municipalizados. Se establece un tope del 35% en la Tasa de Servicios Generales de una factura a otra (para los meses de enero y febrero), y la Tasa de Seguridad e Higiene se deja tal como está", agregó.
En cuanto a la Tasa para el Desarrollo de la Infraestructura, Filguiera señaló que "Pilar tiene un potencial enorme", que se traduce en "corredores comerciales, gastronómicos, pero no ha habido un estado presente que genere sevicios a la altura de ese potencial".
Al mismo tiempo, la concejal defendió la Tasa COVID, expuso que es "simbólica" al lado de los costos que representa, por ejemplo, hacerse un testeo (unos 6 mil o 7 mil pesos) y rechazó que se trate de arancelar la salud como plantearon algunos ediles opositores.
"Es una tasa simbólica que sella de alguna manera el compromiso de seguir acompañando a todos los pilarenses en la pelea contra el coronavirus. En alguna sesión se habló que se arancela la salud. ¿En qué cabeza cabe que con este gobierno, que promueve el acceso a la salud, con hospitales, testeos gratuitos, se pueda pensar en arancelar la salud con una tasa que es de 80 pesos para la mayoría de los casos? Con una inversión únicamente del Estado Municipal este año de 1.300 millones de pesos", enfatizó Filguiera.
Analía Leguizamón, de Juntos por el Cambio, cuestionó "el invento" de la tasa COVID, y aseguró que las erogaciones que se hicieron producto de financiar la lucha contra la pandemia estarían cubiertas en gran parte por la Provincia de Buenos Aires.
"Hay cosas que vemos dañinas para nuestros vecinos. Cuando se habla del 35% de tope, es solo para la primera cuota del año que viene, no para toda la tasa de Servicios Generales. En el invento de la Tasa COVID, este municipio fue muy beneficiado por el gobierno provincial. Este Municipio recibió asistencia extraordinaria de 330 millones de pesos. ¿Estamos esperando que la vacuna no sirva y haya una segunda ola? No existe plafón para crear una tasa COVID", expuso Leguizamón, quien cuestionó que la Comuna haya puesto a plazos fijos unos 2 mil millones de pesos, una maniobra que también adoptaba el exintendente Nicolás Ducoté.
"Cuando estaba Ducoté, lo hacíamos para no perder el valor adquisitivo de la moneda, hasta tanto conseguir proveedor y avanzar con el proceso licitatorio. Pero en este momento de emergencia, ¿Cómo hicieron para poner plazos fijos en casi todas las áreas?", criticó la concejal, quien añadió que la gestión "se escuda en la pandemia para subir los tributos".
Inés Ricci de Comunidad Pilarense, en tanto, cuestionó la poca inversión en asistencia social y discapacidad, fundamentos que también había esgrimido en la sesión donde se trató el presupuesto del año que viene.
"Hay gente desnutrida porque no le dan la leche de la marca que corresponde. Hay enfermos oncológicos o diabéticos que no tienen medicación, y van a votar una tasa de salud cuando la salud no existe. Los alimentos se los dan a los que marchan. Estos aumentos no les hacen bien a la gente de Pilar, no son aumentos para trabajo, o salud", disparó Ricci.
Quien le respondió a la edil de Comunidad Pilarense fue Roxana Pombo, del Frente de Todos, quien acusó a Ricci de integrar un gobierno que dejó "arrasado" a Pilar, y destacó el "trabajo titánico que está haciendo Desarrollo Social".
"Me pone mal tanta mentira y calumnia, este gobierno vino a cambiar la desigualdad y no confundamos a los ciudadanos con discursos mentirosos. Seguro que falta mucho y no se llega a todos los lugares, pero nadie puede decir que no se esté pensando en los más vulnerables", replicó Pombo.
Marcia González, también del Frente de Todos, le respondió a Ricci y expuso que los que usaban los dineros públicos con fines electorales era Cambiemos, e hizo referencia a las investigaciones judiciales que intentan determinar si hubo hechos de corrupción en la ejecución de obra pública y la entrega de microcréditos durante la gestión Ducoté.
"Hay varias denuncias en curso, compraban votos. Eso son ustedes, no proyecten. Acá se pensó en un presupuesto y en una tarifaria para poder afrontar inversiones en políticas de inclusión", aseguró González.
Flavio Álvarez, de Comunidad Pilarense, expuso que la situación económica actual es "difícil", donde hay pérdida de empleo y caída del consumo.
"A todos nos cuesta hacernos cargo de las obligaciones, y va a costar pagar estas tarifas o decidir llevar un medicamento o un plato de comida. El intendente se aprovecha de esta pandemia y cuando veo la tasa COVID, se va a pagar hasta el 31 de diciembre del año que viene. Dicen que en marzo vamos a estar vacunados, ¿Entonces para qué se van a cobrar esos recursos? Además los fondos de la Tasa COVID se pueden usar para otras áreas, como para alquilar una fotocopiadora por 17 millones de pesos, mientras que se destinaron 1 millón de pesos para discapacidad", rechazó Álvarez, quien también opinó que el tributo para luchar contra el coronavirus "es arancelar la salud".
Para el opositor Diego Ranieli, en tanto, la tarifaria "no es un impuestazo", defendió la actualización del módulo fiscal, pero al mismo tiempo pidió que se incremente la base contributiva y no se caiga siempre sobre los mismos vecinos que sí tienen sus tasas al día.
Silvio Rodríguez, del Frente de Todos, apuntó contra Ricci y Álvarez, a quienes acusó de tener nombrados a familiares en el Concejo Deliberante sin que presuntamente desempeñen labores a cambio, lo que le valió la respuesta de los concejales de Comunidad Pilarense.
"Ducoté, cuando perdió las elecciones, empezó a nombrar gente en la municipalidad para que queden enquistados. Eso nos dejó Ducoté y ahora hace falta un gobierno en serio, que lo representa el intendente Federico Achával. Hay concejales que han tenido a sus exparejas o esposas nombradas, como el concejal Álvarez que tenía nombrada a su esposa, o al exconcejal Zapata (Alberto) que nadie sabía para quien trabajaban. O empleados que trabajaban para su fundación (por la de Ricci) y estaban nombrados en la Municipalidad", aseveró Rodríguez.
Ricci, en respuesta a Rodríguez, aseguró que Zapata no está cumpliendo funciones porque fue puesto en disponibilidad, mientras que Álvarez le recordó al edil del Frente de Todos que su nombre figura en una denuncia por presunta malversación de fondos en la Asociación de Bomberos de Del Viso.
Por último, en una sesión que se fue tornando cada vez más caliente, Filgueira aseguró que la tarifaria apunta a "garantizar derechos", y también apuntó contra Cambiemos.
"Llama la atención que haya ahora concejales que les preocupe la industria o la asistencia alimentaria. hablan de golpe a la industria, y el golpe a la industria fue el tarifazo, la caída del consumo, el endeudamiento con el FMI de (el ex Presidente Mauricio) Macri, no esta tarifaria. El problema no es la recaudación, sino cuando se usa para repartir en negocios, entre amigos, no cuando se usa para reconocer derechos como hacemos nosotros", concluyó Filguiera.
Los votos
Por la afirmativa, votaron los concejales María Campos, Juan Pablo Casquero, Lourdes Filguiera, Miguel Gamboa, Iván Giordano, Marcia González, Victoria Machado, José Molina, Juan Manuel Moraco, Claudia Pombo, Roxana Pombo, Silvio Rodríguez, Juan Pablo Roldán, Mariel Ross, Claudia Zakhem, Elizabeth Wanger.
También avalaron la medida los mayores contribuyentes Esteban Castello, Jorge Colmegna, Eduardo Ferravone, Olga Ferreyra, Nora Fetter, Ángela Gailard, Alejandro Irigoyen, Susana Lagui, María Medina, Carla Michelli, Daniel Migliore, Fernando Raiponeri, Horacio Reyes, Fernando Rumi, Rodrigo Sabini, Diego Solis y Claudio Villareal.
Optaron por la negativa, en tanto, los ediles Flavio Álvarez, Jésica Bortule, Analía Leguizamón, Adrián Maciel, Diego Ranieli, Inés Ricci y Gustavo Trindade.
