Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) revela graves irregularidades en la entrega de microcréditos durante la gestión del exintendente Nicolás Ducoté, de Cambiemos.

A tal punto, que para la PIA se creó un andamiaje burocrático y administrativo que tuvo por objeto el desviar fondos públicos en beneficio de particulares.

La PIA analizó los pasos administrativos, motivado por la causa que investiga la presunta "malversación de caudales públicos" y que se desprende de la denuncia que en su momento había realizado el Frente de Todos.

En su momento, la por entonces oposición había asegurado que los dineros se repartían de manera discrecional y con el objeto de obtener a cambio un rédito político y electoral.

El informe al que tuvo acceso Pilar de Todos, dirigido al Dr. Sebastián Alberto Bringas de la Fiscalía Federal de Campana, desgrana la secuencia administrativa desde que se firmó el convenio con la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación para el "mejoramiento habitacional e infraestructura básica y mejoras en viviendas", plan que preveía "realizar mejoras edilicias de viviendas y facilitar el acceso a los servicios públicos a los vecinos de Pilar, principalmente en zonas de vulnerabilidad social" por medio de aportes del tesoro nacional.

El convenio establecía el envío al Municipio de 300 millones en varios desembolsos que se debían ir acreditando conforme la Comuna presentaba documentación respaldatoria sobre los avances de obra.

Para la implementación del plan de mejoras, el Municipio creó el programa de Microcréditos cuya promoción señalaba la intención de llevar a 20 mil familias el acceso a financiamiento para mejoras en sus viviendas y las respectivas conexiones a servicios, como de gas. La herramienta establecía un aporte económico no superior a 3 salarios mínimos y que debía devolverse en 60 cuotas mensuales.

La PIA, en su dictamen de 49 fojas emitida el 22 de octubre, cuestiona que el plan se haya ejecutado utilizando a empresas mixtas, como la SAPEM; o el PROFIDE, un fondo fiduciario provincial. Ambas se quedaban con parte de los fondos en concepto de gastos administrativos y operativos, entre un 1% y un 3%, lo que hacía disminuir los dineros percibidos.

"Se estipuló que el Municipio transferiría al fondo la suma de $ 300.000.000 en función de las disponibilidades presupuestarias y de los giros que recibiera de la Secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación (cláusula séptima). Asimismo se estableció que el Fondo podría utilizar el 1 % de los fondos comprometidos en la cláusula séptima para solventar los costos de la estructura destinada a la ejecución del objeto del convenio, lo que incluía recursos humanos, equipamiento, material de comunicación y demás conceptos necesarios para una correcta ejecución de los objetivos del mismo", expuso la Procuradoría.

Dicho porcentaje, se aumentó al 3%, aunque "no luce en las actuaciones tenidas a la vista, trámite alguno a los efectos de la suscripción del nuevo acuerdo, máxime teniendo en cuenta el aumento de la comisión a percibir por el PROFIDE sin que surja por su parte fundamento alguno que avale dicho aumento, así como tampoco que haya sido aprobado por Ordenanza Municipal".

Desembolsos
Hasta mayo de 2019 el Estado Nacional transfirió a la Municipalidad del Pilar la suma total de $ 285.000.000 de los $300.000.000 estipulados por el Convenio Específico. La Municipalidad debía efectuar rendiciones de los desembolsos recibidos previamente para solicitar los desembolsos siguientes. "No se advierte la acreditación del porcentaje correspondiente relativo al avance de obra, a efectos de la emisión de los desembolsos segundo y tercero. Solo obra en cada uno de los expedientes por los cuales tramitaron los mismos, copia de la nómina de beneficiarios, sin que se detalle a qué porcentaje correspondía cada una de ellas, y sin que se realizaran observaciones al respecto", analizó la PIA.

"De las constancias analizadas no se advierte la presentación de rendiciones de cuenta. La documentación que se acompañó para requerir los pagos no se corresponde con la que el Municipio debió presentar, nótese que son planillas sin título que contienen datos como D.N.I., apellido y nombre, importe en pesos, y la indicación mejora vivienda. Pese a que la documentación acompañada por el Municipio no cumple con la Resolución N° 671/2016, distintos funcionarios de la Secretaria de Vivienda y Hábitat expresamente indicaron su cumplimiento a efectos de habilitar así los desembolsos", establece el informe.

La investigación de la PIA, además, señaló que el Programa de Microcréditos "permitía autorizar a la autoridad de aplicación a suscribir convenios y/o contratos con otras entidades, públicas o privadas, a fin de lograr la efectiva operatividad y ejecución del Programa, los que actuarían como ente ejecutor del mismo (...), ello determinó que parte de los fondos transferidos por el Estado con la finalidad de que sean aplicados a la concreción del objeto del Convenio Específico (mejoramiento de las condiciones edilicias de viviendas y el acceso a servicios públicos), fueran destinados a una finalidad distinta (ingresos de los órganos delegantes), produciéndose una clara desviación de poder".

"Como puede observarse, de las actuaciones bajo análisis se advierte una clara ausencia de control por parte del Estado Nacional, en relación a los fondos transferidos al Municipio, así como respecto a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del mismo. Como quedó acreditado del estudio de los distintos convenios tales transferencias dinerarias fueron aprovechadas a los fines de generar beneficios indebidos con el consecuente desfalco a las arcas del Estado Nacional (...)", señala la PIA.

"A lo largo del estudio de las actuaciones administrativas se han verificado innumerable cantidad de irregularidades, que no tienen su razón en la torpeza, error o ignorancia de lo debido, sino en la clara voluntad de poder llevar a delante la maniobra que permitiría alzarse con elevadas sumas de dinero", reza el documento, que también añade que otros acuerdos sellados con el estado Nacional "conservan el mismo patrón, no solo de personas involucradas, sino en la desviación de recursos a favor de terceros y en perjuicio de la administración nacional que es la que efectuó los aportes".

"La identificación de un accionar tendiente a apropiarse indebidamente de los recursos del estado en forma sistemática, llevada a cabo en tres acuerdos idénticos y prácticamente en forma coetánea, permite sostener la idea de un plan puesto en marcha a los fines que se viene sosteniendo, es decir generar beneficios indebidamente a terceros en perjuicio de los fondos administrados. Se observa que los convenios efectuados entre la Administración Nacional y el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires claramente tuvieron por objeto entregarle fondos a este último sin ningún tipo de control, indica otro de los párrafos del dictamen.

"Debe recordarse en este punto que, al momento de la firma del Convenio Específico entre el ex Ministerio y el Municipio, conforme las actuaciones analizadas por esta Procuraduría, no surge que el dinero entregado a las personas seleccionadas o grupos familiares subsidiados debía ser devuelto al Estado local en sesenta cuotas. Como se observa, estas irregularidades jamás podrían haber posibilitado que desde la Administración Central se giren 285.000.000 de pesos del Tesoro Nacional con la simple remisión de un listado de personas que siquiera se conoce si existen", agrega la PIA.

El informe también hace referencia a que, bajo el programa, se habría beneficiado a un corralón de materiales en particular, donde se direccionaban la mayoría de los fondos de los planes, y menciona a "Materiales Maipú SRL” el cual logró facturar 24.623.132,49 de pesos", el comercio que más dineros reunió.

"Pero a estas inconsistencias debe agregarse el hallazgo de la diferencia entre el valor indicado en las órdenes de compras por cuenta y orden de terceros, en relación a los listados contenidos en los biblioratos rotulado stock de créditos, lo que permite concluir que el monto de los créditos es inferior al cobrado por el corralón", continúa el extenso dictamen de la PIA.

"En tal sentido se destacó que se habría advertido que en varios créditos se habría imputado aproximadamente tres mil pesos de más a las sumas tomadas por los beneficiarios", advierte la Procuraduría.

Incluso, la PIA hace referencia a que en la denuncia que originó la investigación se hace mención a que áreas de funcionarios locales, como Miguel Gamboa, ex Coordinador de Cooperativas de la gestión Ducoté y actual concejal, recibían "donaciones" por parte de ese corralón.

"Como se puede observar, la denuncia que mereció el requerimiento de instrucción citado (...) indica de la posible connivencia entre funcionarios municipales y la firma “Maipú Materiales SRL” situación que permitiría comprender la concentración de recursos en un mismo comercio", reveló la PIA.

"(...) Queda claro que la modalidad con la que se perfeccionó el fraude es mediante la infidelidad de los funcionarios públicos, quienes con la coautoría de los funcionarios provinciales y la SAPEM, generaron el mecanismo defraudatorio para obtener un beneficio mayor e ilegítimo para el cumplimiento de una necesidad que el Estado debía satisfacer. En este punto, se advierte que además de otorgar cuantiosos recursos al mismo Municipio, posteriormente no se efectuaron los controles correspondientes a los fines de evitar el desvío de fondos y por ende el beneficio indebido, máxime cuando para un nuevo desembolso debía existir una rendición de cuentas aprobada del giro anterior, todo lo cual configura los requisitos que el tipo exige", reiteró el dictamen.

"En efecto, véase que por parte de los funcionarios, tanto nacionales como provinciales, procedieron a simular controles, o no exigir determinados requisitos, con el objeto de llevar adelante el plan criminal propuesto. Como se viene afirmando, todos estos principios fueron violentados por los funcionarios que tenían el deber de resguardar tanto los intereses como el patrimonio del Estado, sin perjuicio de lo cual, en pleno incumplimiento de sus obligaciones procedieron a dictar actos que resultaron un conducto para la desviación de los recursos de la Administración que puso en manos del Municipio", cerró la PIA.

La quinta de los Jazmines
En el dictamen, la Procuraduría hace mención también a una quinta ubicada en la calle Los Jazmines, de Los Cachorros, en Del Viso, a cargo del padre de Federico Leonhardt, Jorge Leonhardt.

En esa finca se realizó un allanamiento el año pasado donde se encontró documentación de utilidad para la causa, donde además se constató que allí se desempeñaba personal Municipal, en concreto dos agentes de la Policía Local que trabajaban en el área de Seguridad, pese a tratarse de un lugar privado.

"Tal como surge de las actuaciones, Jorge Leonhardt a cargo del Centro de Operaciones Municipales y propietario de la vivienda antes mencionada, además de prestarle la casa para uso personal, les hacía cumplir sus horarios laborales en la finca a efectos de cuidarla, para lo cual tenían que ir a firmar algunos días en distintos horarios para no cruzarse con sus compañeros y de este modo evitar que estos pregunten en donde presentaban sus servicios. Ahora bien, habida cuenta que ello podría constituir el delito de peculado, es que corresponderá efectuar la investigación correspondiente", concluyó la PIA.

Los funcionarios involucrados
La PIA también elevó un listado con los nombres y cargos de los funcionarios que habrían formado parte de la presunta maniobra desfalco, entre los que aparecen el ex Ministro del Interior Rogelio Frigerio, el exintendente Nicolás Ducoté, el exjefe de gabinete Juan Pablo Martignone, el actual concejal y ex Coordinador de Cooperativas, Miguel Gamboa, y Federico Leonhardt, ex titular de la SAPEM, entre otros.