La candidata a senadora nacional por Fuerza Patria y ex presidenta de AySA, Malena Galmarini, criticó al Gobierno de Javier Milei por el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025, que modifica de forma integral el marco regulatorio del servicio de agua potable y desagües cloacales y permite cortar el agua a usuarios residenciales por falta de pago. “El agua no se puede cortar y es un derecho humano. Es inexplicable lo que están haciendo”, sostuvo en diálogo con Radio 10.

El decreto, firmado el 22 de julio, forma parte del paquete habilitado por la Ley de Bases 27.742, que declaró “sujeta a privatización” a la empresa estatal. Entre sus cambios más relevantes, autoriza a la futura concesionaria a cortar el suministro de agua a usuarios residenciales que acumulen atrasos de pago cuando haya mora en el pago de dos períodos consecutivos de facturación y la intimación de pago hubiera sido enviada con al menos 15 días de antelación. También prevé aumentos trimestrales de tarifas en función de la inflación y permite que las nuevas obras sean financiadas directamente por los usuarios a través de sus boletas.

Actualmente, el corte del servicio solo se aplica a usuarios no residenciales, como comercios e industrias, tras dos períodos impagos y con intimación previa de diez días. En el caso de los hogares, el protocolo —vigente según la Ley 26.221— contempla condiciones similares, pero su implementación efectiva no se había habilitado hasta ahora. El nuevo decreto habilita esa aplicación si se concreta la privatización.

“El Presidente habla de competitividad en una empresa que no tiene competencia. La rentabilidad de AySA no pasa por cuánto gana, sino por cuántos usuarios se incorporan. Aumentaron las tarifas y bajaron la calidad del servicio”, planteó Galmarini. Según la ex funcionaria, la intención oficial es “vaciar la empresa para justificar su privatización”.

En esa línea, repasó su gestión al frente de la compañía estatal: “En cuatro años hicimos 4.000 km de redes de agua y cloacas. Todos los procesos estaban certificados por normas IRAM y se subían a la web, que hoy dieron de baja”.

Galmarini recordó además que el acceso al agua y al saneamiento forma parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°6 de la ONU y que su estatus como derecho humano está respaldado por la Constitución Nacional y tratados internacionales.

“Nos pasó con Aguas Argentinas: solo les interesaban los usuarios que podían pagar. Esta es una discusión sobre el modelo de país”, subrayó. También cuestionó el respaldo legislativo que recibió la Ley Bases: “No les agradezco a quienes la firmaron. Pusieron a disponibilidad la privatización de una empresa como AySA. La gente no lo merece”.

Por último, denunció que obras estratégicas como el sistema Riachuelo y el acueducto Agua Sur están paralizadas. “Pretenden dejar todo como está, meter arena y terminar con el sueño de vecinos y vecinas. Este gobierno habla de libertad y de la casta, pero no se preocupa por quienes no pueden bañarse ni tomar leche con agua segura”, concluyó.