La declaración indagatoria del exintendente Nicolás Ducoté se hará mediante teleconferencia.

Es que el exmandatario, investigado por presuntos hechos de corrupción ocurridos bajo su mandato, viajará al exterior.

Ducoté tenía como fecha original para ser indagado por la Justicia Federal de Zárate – Campana el 15 de junio. Sin embargo, pidió una prórroga por lo que deberá responder en la causa el 22 de junio.

No obstante, el exjefe comunal presentó ante la Justicia los tickets de un vuelo que lo llevará a Madrid, España, vía Francfort, según pudo saber Pilar de Todos.

El avión, de la empresa Lufthansa, partirá desde Ezeiza en la tarde del 21 de junio. Por lo que su indagatoria será vía zoom, en principio.

Según fuentes que tienen acceso a la causa, Ducoté también presentó el pasaje de retorno, para el 30 de este mes, aduciendo cuestiones profesionales que lo llevan a realizar el viaje.

Quien declaró en la causa, según pudo saber este portal, es Federico Leonhardt, quien estuviera a cargo de la empresa mixta SAPEM, por donde se gestionaba la entrega de microcréditos, una de las causas en donde se sospecha hubo actos de corrupción.

También serán indagados Cecilia Cabrera (extitular de Hacienda de Pilar), Fabián Arias, María Natalia Toso, Federico Bustello, Ignacio Azarola, Osvaldo Caccaviello (exresponsable del áreas de Calles), Guillermo Iglesias (exsecretario de Obras Públicas), Tomás Bibiloni, Agustín Baldo, Gustavo Queralt, Juan Pablo Martignone (exjefede Gabinete de Ducoté), Sandra Sosa, Gabriel Adrián Lucero, Fernando Bonafede, Marcelo Sfeir, Sergio Miguel Russo (empresario a cargo de las obras de Peruzzotti), entre otros.

Las causas

Los hechos que investiga la Justicia, y por los que no solo se indagará a Ducoté sino a una veintena de exfuncionarios, entre locales y nacionales, son tres.

Uno tiene que ver con la entrega de microcréditos destinados a familias carenciadas, dineros que se usaban para refacciones en viviendas y debían ser devueltos en 60 cuotas.

Mientras que los otros dos expedientes buscan determinar si hubo irregularidades en el pago de obra pública que no se ejecutó, como el caso de una planta cloacal en Peruzzotti, o una serie de mejoras que se encararon, por 120 millones de pesos, en el barrio Monterrey, de Derqui.

Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, emitió 3 dictámenes donde, como conclusión, establece que existió un “accionar tendiente a apropiarse indebidamente de los recursos del estado en forma sistemática, llevada a cabo en tres acuerdos idénticos y prácticamente en forma coetánea” lo que, siempre según la PIA, “permite sostener la idea de un plan puesto en marcha a los fines que se viene sosteniendo, es decir generar beneficios indebidamente a terceros en perjuicio de los fondos administrados”.

En el caso de los microcréditos, la PIA dictaminó que la entrega de esos dineros, que abarcaron a unos 20 mil beneficiarios, se hicieron sin los controles correspondientes y sin toda la documentación respaldatoria.

Para el Frente de Todos, desde donde partieron las denuncias en su momento, los fondos eran destinados de manera discrecional y perseguían el objeto de buscar un rédito político y electoral por parte del gobierno de Cambiemos.

En ese expediente, la Procuraduría también cuestionó, por ejemplo, la creación de entes intermedios, como la SAPEM, una empresa estatal por donde pasaban las gestiones.

La otra causa por la que el Juez Adrián González Charvay indagará a Ducoté es la que busca determinar si hubo hechos de corrupción en la ejecución de obras en el barrio Monterrey, de Derqui, por un monto original de 145 millones de pesos, que luego quedó en 120 millones.

El plan buscaba renovar calles, luminarias, construir plazas y redes de agua potable y cloacas.

Allí, las obras no se habrían ejecutado en tiempo y forma, pese a que los pagos sí se emitieron.

En tercer lugar, la Justicia investiga el pago por una planta cloacal modular para el barrio Peruzzotti. Al conocer el proyecto, los vecinos del barrio se opusieron a la obra, por cuestiones ambientales, y las labores fueron modificadas.

Sin embargo, según se desprende de los expedientes y la denuncia del Frente de Todos, la Comuna habría pagado por la compra de esa planta pero también por su instalación final (pese a que no se terminó de conectar) poco más de 14 millones de pesos.

“Nada de lo relativo a la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires, fue construido pero sí certificado y cobrado por la empresa adjudicataria”, concluyó la PIA.

Es más, para el Procurador “se han verificado innumerable cantidad de irregularidades, que no tienen su razón en la torpeza, error o ignorancia de lo debido, sino en la clara voluntad de poder llevar a delante la maniobra que permitiría alzarse con elevadas sumas de dinero», reza el documento, que añade que los tres expedientes «conservan el mismo patrón, no solo de personas involucradas, sino en la desviación de recursos a favor de terceros y en perjuicio de la administración nacional que es la que efectuó los aportes”.

"La identificación de un accionar tendiente a apropiarse indebidamente de los recursos del estado en forma sistemática, llevada a cabo en tres acuerdos idénticos y prácticamente en forma coetánea, permite sostener la idea de un plan puesto en marcha a los fines que se viene sosteniendo, es decir generar beneficios indebidamente a terceros en perjuicio de los fondos administrados. Se observa que los convenios efectuados entre la Administración Nacional y el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires claramente tuvieron por objeto entregarle fondos a este último sin ningún tipo de control", indica otro de los párrafos del dictamen.