El gobierno del intendente Nicolás Ducoté desmintió haber pagado por obra pública que no se ejecutó.
Una denuncia ante la Justicia Federal de Zárate – Campana presentada por el Frente Pilarense, encabezado por el edil Federico Achával, asegura que la Comuna pagó varios millones de pesos por la construcción de una planta cloacal en Peruzzotti, labor que jamás se llevó a cabo.
La firma que percibió esos fondos es Tordel S.A., de Sergio Russo, empresa que realiza obra en la Comuna desde 2004, como la peatonal de la calle Rivadavia, centros de salud y calles.
La presentación judicial de Achával expone que la empresa recibió, por medio de un adelanto y 9 certificados de avance de obra, casi 9 millones de pesos, para una labor valuada en unos 15 millones de pesos en total.
En el medio, vecinos del barrio se opusieron a que la planta se erija en esa zona, usada como espacio verde, pero según aparece en la rendición de cuentas del año pasado la construcción se abonó de todos modos.
El jefe de gabinete de la Comuna, Juan Pablo Martignone, señaló a Pilar de Todos que fue justamente ese reclamo vecinal lo que obligó a “modificar el destino de la planta”, y por eso se erogaron los fondos, pese a que sin embargo tampoco está emplazada en su nuevo sitio: el barrio Monterrey, de Presidente Derqui.
“Lo que pasó es que había un proyecto de red cloacal, que se terminó, y faltaba colocar la planta modular de tratamientos cloacales. Se contrató la provisión de esa planta, pero en medio de ese proceso los vecinos mostraron su preocupación, hubo reuniones, donde finalmente Obras Públicas y vecinos acordaron un plan para construir un troncal de Villa Verde y Peruzzotti y dos plantas de bombeo a la planta de Champagnat. Era una solución que dejaba contentos a todos, pero más larga en el tiempo”, explicó el funcionario.
Martignone explicó que los dineros abonados a Tordel, por un lado, responden a esas labores y, en segundo término, a la planta móvil que “está en guarda del proveedor”, es decir aún en manos de Tordel.
“Los dineros percibidos por Tordel son por las plantas de bombeo, cañería, interconexión, e instalaciones eléctricas. Y la depuradora (también abonada a Tordel) se va a colocar en Monterrey, donde no tenemos opción de interconexión a otras redes”, agregó.
El funcionario explicó que es “usual” que los proveedores tengan en guarda un bien o producto comprado por la Comuna hasta que esta se lo solicite, y también expuso que el cambio de destino de un bien se puede hacer sin la intervención del Concejo Deliberante.
“Se contrata lo que se llama unidad de medida, por ejemplo un asfalto en una calle específica y luego, porque surgió un problema, se pueden usar esos mismos fondos, para el mismo producto, en otra parte del distrito. Lo que sí no se puede hacer es destinar esos dineros a algo destino”, aseguró el jefe de gabinete.
La planta de Monterrey, continuó Martignone, va a ser instalada una vez que se terminen de readecuar los contratos con las empresas que intervienen y el Ministerio de Infraestructura de la Nación, organismo que financia las obras.
“Lejos está todo esto de tener algo que ver con la denuncia de Federico (Achával) respecto a un delito. Podemos tener una discusión si a un papel le falta una coma en algún lado, no lo puedo garantizar, pero lo que se está tratando de instalar, que la constructora o el municipio se robaron la plata, no es así. Nosotros no nos dedicamos a robar, a diferencia de los que están denunciando. Nosotros nos dedicamos a trabajar, nos equivocaremos, como se equivoca todo el mundo, cambiaremos de planes, tendremos puntos de vistas distintos, pero es un gobierno que hace, no un gobierno que roba”, se plantó el funcionario.
“Acá había una obra que tenía que hacerse en Peruzzotti, y, con cambios, se hizo. Se puede ver, tocar e incluso fue informada por los medios. Federico hace este tipo de denuncias, como lo del crédito para asfaltos que quedó en la nada, cada vez que hacemos obras. Lamentablemente, pienso yo, porque cuando fue gobierno estas obras no se hicieron y ahora sí; porque hay una parte de la política que entiende que es negocio que los pilarenses no tengan mejoras”, concluyó.
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