Una organización que contrabandeaba mercadería tecnológica por sumas millonarias fue desarticulada por efectivos del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA) en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La red criminal se dedicada a introducir ilegalmente al país dispositivos tecnológicos para posteriormente comercializarlos y el hecho tuvo su inicio en abril de 2024 cuando los uniformados, en el marco de una serie de tareas preventivas, “detectaron que a través de redes sociales se exhibían en venta distintos productos pertenecientes a una reconocida empresa tecnológica multinacional, a precios significativamente menores respecto a los que prevalecen en el mercado”.

Sin embargo, lo que más les llamó la atención a los agentes es que dichas maniobras “carecían de la correspondiente facturación y que, además, los usuarios encargados de ofrecer dichos elementos tampoco contaban con el respaldo necesario en carácter de importadores”.

De esta manera, se dio inicio a una investigación para constatar el “detrás de escena” de las maniobras y se estableció la existencia de una organizada estructura que ingresaba, de manera ilegal a la Argentina, los artículos que posteriormente eran puestos a la venta.

Durante la pesquisa se comprobó que esa banda contaba con varios puntos físicos tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como también en diversas localidades del conurbano bonaerense, los cuales eran utilizados como centros de acopio, distribución y comercio.

Otro punto curioso de la investigación es que se supo que el pago del celular o los elementos secundarios solo se podían pagar en efectivo; sin emisión de comprobantes.

Para no ser detectados, el grupo realizaba diferentes maniobras tales como el cierre de usuarios y cambios de nombres en las plataformas empleadas.

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 a cargo de Pablo Yadarola, ordenó la realización de 15 allanamientos.

Dos de ellos ubicados en Capital Federal y los restantes en las localidades de Tigre, San Miguel, José León Suárez, Villa Ballester, Villa Bosch, Bella Vista, Ituzaingó y Salto.

Como resultado a dicha orden judicial, “se notificó a siete personas de la causa; cuatro hombres y tres mujeres, sindicados como integrantes de la estructura delictiva investigada”.

Durante los procedimientos, realizados de forma simultánea junto con personal de la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA), se incautaron 600 celulares, 2.400 fundas, 1.000 accesorios (cargadores, cables USB, auriculares, etc.), casi $8 millones y alrededor de 4 mil dólares.

Todo lo incautado tiene un valor de mercado de $673 millones, lo que representa un “importantísimo golpe al contrabando de tecnología en territorio nacional”.

Los imputados, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos decomisados a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Aduanero.