En los últimos días detectaron movimientos en el predio donde está instalada la firma APR. Pedirán que, de concretarse la salida, se garantice el estado ambiental del terreno. También apuntan a que la zona vuelva a ser catalogada como residencial.

La Justicia le prohibió a la firma Araucaria continuar con tareas de mitigación de sonido, debido a que no cumplió con los plazos establecidos. Por lo que por el momento no podrá funcionar. La otra planta, APR, sí sigue con ese tipo de labores.

La Cámara Federal concordó con una decisión del Juzgado Federal de Zárate - Campana, donde se ordenaba el cierre de las plantas mientras avance el Juicio que iniciaron vecinos para que se erradiquen las empresas, por considerarlas contaminantes.

El máximo Tribunal revocó una decisión de la Cámara de San Martín, que anulaba el freno a las plantas que había interpuesto un Juez Federal.

Se trata de Araucaria, al detectarse que emite niveles sonoros por encima de lo permitido. Los vecinos insisten que las plantas, ubicadas en Villa Rosa desde 2017, sean trasladadas a zonas industriales.

Residen en barrios linderos a las empresas APR y Araucaria Energy, en Pilar y Escobar. Denuncian que desde hace semanas deben convivir las 24 horas “con ruidos similares a turbinas de aviones”. “Esta situación es inhumana”, se quejaron. Piden que intercedan las autoridades.

Semanas atrás el OPDS realizó controles de sonidos en el área donde se encuentran las plantas. Ambientalistas destacaron que la actual gestión se mostró a favor de sus reclamos. Se esperan los resultados de los testeos y vecinos insisten en que las empresas deben ser removidas del lugar.

Los intendentes de Pilar y Escobar le llevaron al gobernador la “preocupación” por el funcionamiento de las plantas en Villa Rosa, en el límite con Matheu. Vecinos temen daño ambiental y piden que sean removidas.

Presentaron notas en donde solicitan una audiencia con el jefe comunal, mientras esperan una resolución de la Justicia. Reiteran que las plantas, ubicadas en Villa Rosa, deben ser trasladadas a otras zonas.

La Justicia castigó a varios vecinos por no haber concurrido a una mediación con la empresa APR Energy. Consideraron que la medida es una “amenaza” que busca desalentar los reclamos.

Les aplicó un castigo de casi 5 mil pesos a cada uno, por no haber concurrido a una mediación con la empresa APR Energy. Ambientalistas apelarán la medida.