El Ministerio de Trabajo bonaerense realizó un megaoperativo de inspección en 24 municipios de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de controlar la registración y las condiciones laborales de las personas que trabajan a través de las plataformas digitales de delivery.
Desde Provincia señalaron que se trató de un operativo inédito por su alcance territorial y de una acción que “busca avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales de miles de bonaerenses que trabajan con estas aplicaciones de reparto”.
Los controles se realizaron en zonas de concentración de locales gastronómicos y en centros de distribución de las empresas en los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, La Plata, La Matanza, Morón, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Campana, José C. Paz, San Miguel, Zarate, Pilar, Pinamar, Azul, Junín, Mar del Plata, Necochea, Tandil y Bahía Blanca.
A través de un comunicado, Provincia también detalló que “a pesar de cumplir con todas las obligaciones de cualquier empleado en relación de dependencia”, las personas que trabajan a través de estas plataformas “en su mayoría no están registrados y no cuentan con ningún tipo de protección en materia de salud y seguridad, dejando en evidencia la imposibilidad de acceder, por ejemplo, a los beneficios previsionales”.
La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, celebró que “ahora exista una verdadera discusión sobre la situación muy precaria de estos trabajadores que salen a la calle sin una cobertura de nada y que algunos se pagan ellos mismos un seguro de accidentes personales porque si les pasa algo nadie los cubre”.
“El Estado debe estar protegiendo a los trabajadores frente a estas aplicaciones que a pesar de ser millonarias les niegan los derechos más básicos. Ser registrado es un cambio sustancial en las condiciones laborales y de vida de cada uno porque no es lo mismo tener obra social que no tenerla, saber que estás aportando a una caja para tu futura jubilación que no hacerlo”, agregó la funcionaria.
Las aplicaciones de delivery se autodefinen como empresas tecnológicas que únicamente proporcionan una herramienta informática que conecta individualmente a proveedores de servicios con consumidores. De esta manera, encubren la relación laboral que tienen con decenas de miles de personas que deben registrarse como monotributistas o autónomos.
Así, las personas que trabajan a través de estas plataformas no cuentan con un sueldo básico, pero deben cumplir un horario estipulado, una cierta cantidad de horas diarias y, aunque no tengan lugar físico ni fijo laboral, deben concentrarse en zonas específicas en donde reciben los pedidos para realizar.
Estas inspecciones del Ministerio de Trabajo comenzaron en 2020, cuando se realizó un primer relevamiento de 172 trabajadores y trabajadoras y se intimó a las empresas a presentar la documentación laboral de los mismos, las cuales desconocieron la relación de dependencia.
Esa acción culminó con sanciones aplicadas por el Ministerio ante la falta de registración y otros tipos de incumplimientos a la normativa laboral. Las multas fueron ratificadas por la Justicia de La Plata, confirmando la existencia de relación de dependencia y validando el accionar de la cartera laboral. (DIB)
