La forma de reducción de los subsidios energéticos se convirtió en el punto de mayor debate en el último día de las audiencias públicas en las que se discute un nuevo cuadro tarifario.

Por un lado el Gobierno consideró que el actual esquema es “pro-rico”, mientras que los consumidores reclamaron detalles del proceso de segmentación que se quiere implementar y las empresas alertaron sobre la necesidad de contar con un plazo de tiempo considerable para la calificación de los usuarios.

La audiencia fue presidida por el subsecretario de Planeamiento Estratégico, Santiago López Osornio, en reemplazo del secretario de Energía, Darío Martínez.

El funcionario sostuvo que “el 50% de la población de mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica”.

“Hoy el Estado cubre más del 75% del costo del gas y electricidad que se incluye en la factura” y como no se realizan distingos por la capacidad socioeconómica, salvo la implementación de la tarifa social, “el 50% de (la población de) mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica”, sostuvo López Osornio.

Respecto de cómo llevar adelante una reducción de los subsidios, el subsecretario señaló que “no se considera una buena opción” el de nivel de consumo y con relación al criterio geográfico evaluó que “sólo es eficiente en zonas de alta densidad de población, como el AMBA”, pero no para el resto del país.

Como tercera opción, López Osornio consideró que los criterios de ingresos y patrimonio “tienen mejor resultado con alcance nacional”.

Sobre esta falta de definiciones se apoyaron los consumidores y las empresas para criticar la propuesta oficial.

María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, enfatizó que “no se pueden tomar decisiones sobre un esquema en el que ustedes mismos tienen dudas” y consideró la segmentación como “un error” porque genera una división entre barrios ricos y pobres en forma de “ghetos”.

Por su parte, Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, cuestionó que “se pretenda instrumentar una segmentación con información insuficiente”.

A su turno, el director de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), Daniel Martini, apuntó que la segmentación propuesta “implica modificaciones en los sistemas informáticos y de facturación”, cuya puesta a punto no sólo tendrá “un costo significativo” sino que demandará “un plazo estimado de ocho semanas”.

Martini apuntó a la dificultad de poder determinar la condición de cada usuario debido a la debilidad de la titularidad de las cuentas. En ese sentido reveló que se comunicó la necesidad de cambiar la titularidad de 3 millones de cuentas y sólo el 2,5% respondió al trámite. (DIB)