Con carácter de urgencia, senadores y diputados de Unión por la Patria recibieron en el Palacio Legislativo a gobernadores y vicegobernadores del PJ para hacer una puesta en común sobre el proyecto de ley ómnibus que el Gobierno presentó hoy en la Cámara baja, y para analizar en conjunto los pasos a seguir.

Como corolario de las deliberaciones, quedó claro que el rechazo del peronismo es unánime y total a todo el paquete de reformas, e incluso hay cuestionamientos constitucionales muy severos a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que constituye un “modelo de concentración de poder” para “cerrar el Parlamento”.

“Hablamos del DNU y de esta novedad que directamente significa cerrar el Parlamento”, reveló un importante senador nacional que participó del cónclave a la prensa acreditada en el Congreso.

Con ironía, la misma fuente habló de un “regalo de Navidad” y calificó a La Libertad Avanza como “el Gobierno de los contentos”, al referirse a cada una de las medidas cuya implementación, estima, irá en desmedro de los diferentes intereses sectoriales y colectivos sociales.

“A los gobernadores de Juntos les quitan la coparticipación y salen contentos de la reunión. A los jubilados le van a sacar la ley de movilidad previsional y están todos contentos. La verdad es que éste es el gobierno de los contentos”, dijo con sarcasmo.

De forma presencial estuvieron en el despacho del tercer piso de la Cámara de Diputados los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Formosa, Gildo Insfrán, de La Rioja, Ricardo Quintela, y de La Pampa, Sergio Ziliotto. Por zoom se sumaron el resto de los mandatarios de Unión por la Patria.

Participaron del encuentro, entre otros, los presidentes de los bloques parlamentarios,  José Mayans (Senado) y Germán Martínez (Diputados), la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, la titular del bloque de Unidad Ciudadana del Senado, Juliana Di Tullio, la vicejefa del interbloque de UP en la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti, el diputado Leandro Santoro, además de funcionarios bonaerenses como Andrés “Cuervo” Larroque y Cristina Álvarez Rodríguez.

Kicillof asumió un papel de liderazgo, bajó una línea clara de rechazo a la ley del Gobierno y concentró la atención del resto de los participantes. 

Además de compartir las primeras reflexiones sobre el proyecto de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, los legisladores, mandatarios y funcionarios estudiaban la estrategia para bloquear en el Congreso el mega decreto de necesidad y urgencia sobre desregulación del Estado que días atrás dictó el presidente Javier Milei.

Entre el martes y el miércoles de la semana que viene quedaría conformada la comisión bicameral de Trámite Legislativo que tendrá en sus manos el tratamiento sobre la invalidez o invalidez del DNU.

El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de “ley ómnibus”, que contiene 664 artículos que proponen más reformas en el Estado y desregulaciones a las ya establecidas en el reciente DNU, además de privatizaciones, emergencias por dos años y cambios económicos, impositivos y contractuales, entre muchos otros temas.

El proyecto será tratado durante las sesiones extraordinarias y la idea de La Libertad Avanza es llevarlo al recinto en Diputados el 25 de enero.

El proyecto se denomina “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” y fue entregado este miércoles por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara Diputados, Martín Menem.

El texto, de 664 artículos desplegados a lo largo de 351 páginas, contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas que toca no pueden evitar el Congreso.

El punto inicial del extenso texto declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, pudiendo ser prorrogada “por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años”.

“Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa”, indica la norma.

Es decir, que si se aprueban las emergencias Milei tendrá las facultades de legislar, algo que la Constitución Nacional prohíbe expresamente en el artículo 76, que dice: “Se prohíbe la

delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

El texto que ingresó este miércoles en Diputados prevé la derogación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 y habilita al Ejecutivo a privatizar las empresas estatales.

También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

“Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto

proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”, se informó en la cuenta de Twitter de la Oficina del Presidente de la Nación.

En esa línea, continuó: “Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.       

En su primer artículo el proyecto de ley ómnibus establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”. 

El proyecto modifica una veintena de leyes y entre ellas propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020, facultando al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo