La causa contra el fiscal Diego Molina Pico, acusado de encubrimiento agravado en el caso del crimen de María Marta García Belsunce, cobró un nuevo impulso tras el reciente fallo de la Cámara de Casación Penal que revirtió la absolución de Nicolás Pachelo y lo condenó a perpetua.

Es que en los últimos días, Carlos Carrascosa, viudo de la víctima, acudió al fiscal Gonzalo Agüero, de la UFI Nº 4 de Pilar.

La acción se llevó a cabo a través de sus abogados, Gustavo Hechem y Sebastián Maisón, quienes presentaron un escrito correspondiente que será elevado al juez Walter Saettone.

La denuncia, en rigor, data de 2022. En ese entonces, Hechem fundamentó el pedido principalmente en los testimonios proporcionados durante las primeras audiencias del tercer juicio por el asesinato de María Marta.

Entre los relatos clave se encuentran los de los ex jefes policiales Ángel Becerra y Alejandro Elortz, así como el del vecino del country y exmiembro de la comisión de seguridad de Carmel, Alejandro Arauz Castex.

Según Castex, quien integraba la Comisión de Seguridad del barrio en el momento del crimen en octubre de 2002, Pachelo "fue la persona que estuvo más cerca del lugar del asesinato y del momento del hecho". Además, destacó la existencia de robos, amenazas y extorsiones en el barrio durante ese período, todos apuntando a Pachelo.

Tanto el comisario general retirado Ángel Beserra como el comisario mayor retirado Alejandro Elorz, quienes estaban a cargo de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Pilar al momento del hecho, coincidieron en que la hipótesis que llevaba a Pachelo era "altamente positiva", aunque Molina Pico realizó "una investigación unidireccionada" hacia a la familia de la víctima.

La presentación también hizo referencia a una serie de escuchas telefónicas obtenidas de la investigación que hasta ahora no se habían conocido y que permiten, entre otras cosas, conocer el acceso a información privilegiada que obtenía el defensor de Pachelo, Roberto Ribas, mientras el exvecino era testigo en la causa.

Molina Pico actualmente trabaja como fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia de San Isidro. El delito de encubrimiento agravado por el que se lo acusa prevé una pena de hasta seis años de prisión.